¿Revelación?

No he visto la película Presunto culpable, pero tengo la impresión de que no me hace falta (y tampoco es que me muera de ganas, pero eso es cosa aparte). Lo que quiero decir es que, gracias al escándalo que se ha suscitado en torno al veto que una juez impuso a su proyección —pero aun desde antes de eso, gracias a las expectativas que se habían levantado en las vísperas del estreno—, es más que sabido lo que este documental trata y cómo, e incluso cuando le llegue el momento de retirarse definitivamente de las salas comerciales en que ha venido exhibiéndose (cosa que va a pasar, veto o no: tampoco va a estar en cartelera toda la vida), y comience a circular de otras formas (ya que esté en devedé a lo mejor le echo un vistazo, o ya que se pueda descargarlo de internet), su asunto está tan claro que —hablo por mí— seguirá sobrando un poco ponerse a verlo. O sobrará del todo.
        Porque, además, hay algo que no deja de intrigarme: cómo la notoriedad de esta cinta, independientemente de las consecuencias que ha tenido su encuentro con el público (y el amago de proscripción que, por lo visto, ha intensificado ese encuentro), está cimentada en la dizque «revelación» de una de las cosas que mejor sabemos los mexicanos: que la supuesta administración de la justicia en este país es en realidad una maquinaria depravada, nauseabunda, atroz, incorregible como no sea refundándola de raíz y, en resumidas cuentas, un aparato oneroso, imbécil, tortuoso y temible, causa de incontables males (entre otras razones porque es inservible para todo propósito de rehabilitación social, por ejemplo) y uno de los más abundantes y pestilentes surtideros de corrupción, retraso y vergüenza con que ha venido regándose la catástrofe. «En México, ser inocente no basta para ser libre», reza una de las leyendas del cartel de la película. ¿No era obvio? ¿No sabe cada compatriota que en la cárcel nomás se quedan, culpables o no, los pobres o los que han caído de la gracia de quien pueda protegerlos? ¿No está fundada, para efectos prácticos —y la vida cotidiana es una cosa muy práctica—, en esa certeza inapelable la operación toda del sistema penitenciario? Quien lo niegue es un ingenuo o un hipócrita. ¿Por qué tanta consternación, tanto asombro?
        Al Estado mexicano, desde luego, le resulta obligatorio garantizar la libre exhibición de la película... pero además está viéndose cómo aprovecha el revuelo a su favor, invistiéndose de unas ínfulas de probidad a las que está lejos de poder aspirar. No desestimo la buena intención de los realizadores —el propósito de denuncia que subyace en la difusión masiva de la historia de una injusticia—, y quiero creer que los alcances del medio (y el estrépito mediático que sobrevino) servirán para que, al menos, sea más difícil alegar ignorancia acerca de lo que ocurre en ministerios públicos, juzgados, cárceles y demás. Pero ya que pase el tema —y pasará: la desmemoria es la mejor aliada de la indolencia, y ésta es la sirvienta óptima de la impunidad—, ¿qué se habrá ganado en realidad?

Publicado en la columna «La menor importancia», en Mural, el jueves 10 de marzo de 2011.

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